La norma propuesta por el Departamento podría devastar la atención sanitaria de millones de inmigrantes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, durante una huearing de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado el 10 de octubre de 2018.
Capital & Main es una publicación galardonada que informa desde California sobre cuestiones económicas, políticas y sociales. The American Prospect coedita este artículo.
Los inmigrantesque utilizan Medicaid, cupones de alimentos, ayudas a la vivienda o subsidios de Medicare para medicamentos recetados podrían quedar excluidos de la obtención de tarjetas verdes o prórrogas de visado en virtud de una norma propuesta que el Departamento de Seguridad Nacional publicó en el Registro Federal el 10 de octubre. En la actualidad, sólo se excluye por motivos de carga pública a quienes reciben asistencia en efectivo o necesitan cuidados institucionales a largo plazo a expensas del gobierno.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes, los proveedores de asistencia sanitaria y los gobiernos locales predicen resultados devastadores, especialmente en California y otros estados con grandes poblaciones de inmigrantes: Millones de personas pasarían hambre o renunciarían a recibir tratamiento médico por temor a poner en peligro sus posibilidades o las de sus familiares de legalizar su situación en Estados Unidos. Los nuevos no asegurados buscarían atención en las salas de urgencias de los hospitales, probablemente esperando hasta que sus dolencias fueran dolorosas y costosas de tratar. Sorprendentemente, el Departamento de Seguridad Nacional se hace eco de estas predicciones, pero sigue sosteniendo que el cambio de norma es necesario.
"El DHS pretende garantizar mejor que los solicitantes de admisión en Estados Unidos (...) no dependan de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades, sino que confíen en sus propias capacidades y en los recursos de su familia, patrocinador y organizaciones privadas", señala el Gobierno en su propuesta. "La autosuficiencia ha sido un principio básico de la ley de inmigración de Estados Unidos desde los primeros estatutos de inmigración de este país".
La Asociación de Atención Primaria de California (California Primary Care Association), que agrupa a las clínicas sanitarias comunitarias del estado, prevé que entre el 20% y el 60% de los no ciudadanos podrían darse de baja de los programas públicos, incluido Medi-Cal (el programa Medicaid de California), lo que podría asestar un duro golpe a la red de seguridad sanitaria de California. La previsión se basa en lo que ocurrió durante un susto similar hace 22 años, cuando el Congreso aprobó las leyes de reforma de la asistencia social y la inmigración que, por primera vez, especificaban que quienes recibían prestaciones públicas federales podían ser excluidos del país por motivos de carga pública. (La gran diferencia en la previsión de porcentajes refleja las distintas tasas de desafiliación de los distintos programas y los diferentes estatus migratorios de las personas, residentes legales permanentes, titulares de visados y refugiados). Las iniciativas de la administración Clinton no definían las prestaciones públicas federales, pero más tarde dieron instrucciones a los funcionarios de inmigración para que sólo excluyeran a quienes utilizaran prestaciones sociales en metálico o a quienes requirieran institucionalización pagada por el gobierno para cuidados de larga duración.
"Es inconcebible que una familia tenga que elegir entre la comida, la atención sanitaria o la tarjeta de residencia para sus hijos", afirma Louise McCarthy, directora general de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles.
La norma daría instrucciones a los funcionarios de inmigración para que valoren positivamente a los solicitantes de la tarjeta verde con ingresos superiores a 62.000 dólares para una familia de cuatro miembros.
Jackie Vimo, analista política del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, afirma que el cambio de la norma es una "huida hacia adelante del Congreso" que favorecería la inmigración de las personas más ricas y de aquellas con titulaciones superiores o cualificaciones laborales.
"El presidente Trump intentó cambiar nuestro sistema de inmigración, que ha sido un sistema basado en la familia. Esto es tratar de aprobar la Ley RAISE por la puerta de atrás", dijo Vimo, refiriéndose a la Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte de 2017, que reduciría la inmigración legal a la mitad y limitaría la capacidad de los inmigrantes legales para solicitar un estatus legal para sus familiares.
La propuesta de la administración excluiría de la posibilidad de convertirse en residentes permanentes legales a quienes hayan recibido el 15% o más del nivel federal de pobreza en cupones de alimentos o asistencia en efectivo, o 1.821 dólares anuales para una sola persona, así como a quienes hayan estado en Medicaid o hayan recibido asistencia para vivienda durante 12 meses consecutivos en un periodo de tres años. No penalizaría a las personas que recibieran prestaciones antes de la entrada en vigor de la norma.
Con el cambio de norma, los funcionarios de inmigración también tendrían amplia discrecionalidad para excluir a niños, ancianos y personas que no hablen inglés a la hora de determinar la probabilidad de que una persona se convierta en una carga pública.
El DHS no ha propuesto específicamente excluir a los inmigrantes cuyos hijos estén asegurados por el Programa de Seguro Médico Infantil, que ofrece atención de bajo coste a los niños cuyos padres ganan demasiado para tener derecho a Medi-Cal, pero ha pedido al público que comente si debería hacerlo.
El DHS ESTIMA QUE la nueva regla de carga pública causaría que unos 5,5 millones de personas en todo el país se den de baja de Medicaid o no se inscriban por temor a las consecuencias de inmigración. (La estimación del DHS se basa en un porcentaje de la población nacida en el extranjero que intentó legalizar su situación entre 2012 y 2017). El gobierno ahorraría unos 1.500 millones de dólares, pero el DHS también predice consecuencias nefastas para la salud si su propuesta entra en vigor, escribiendo que conduciría a:
- "Peores resultados sanitarios, incluida una mayor prevalencia de la obesidad y la malnutrición, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas o lactantes, los lactantes o los niños, y una menor adherencia a la prescripción";
- "Aumento del uso de las salas de urgencias y de la atención de urgencia como método de atención primaria debido al retraso en el tratamiento;
- " Aumento de la prevalencia de enfermedades transmisibles, incluso entre los miembros de la población ciudadana estadounidense que no están vacunados;
- "Aumento de la asistencia no compensada en la que un tratamiento o servicio no es pagado por una aseguradora o un paciente;
- " Aumento de los índices de pobreza e inestabilidad de la vivienda; y
- "Reducción de la productividad y del nivel educativo".
La oficina de prensa del DHS no respondió a una consulta por correo electrónico ni a llamadas telefónicas en las que se le preguntaba cómo sopesaba estas consecuencias negativas frente a los posibles beneficios del cambio de norma.
LA NUEVA NORMA es tan estricta que si los ciudadanos estadounidenses estuvieran sujetos a ella, uno de cada tres quedaría excluido, dijo Vimo. También es tan complicada que, entre sus costes para la sociedad, el DHS enumera un coste de oportunidad de ocho a diez horas para los abogados de inmigración que representan a clientes inmigrantes y otras personas que tratarían de entenderla.
Así pues, es probable que poca gente haya leído la letra pequeña, ya sea de la propuesta final o de dos versiones anteriores que se filtraron al público la primavera pasada.
Pero el miedo a solicitar prestaciones ya es palpable entre los pacientes inmigrantes de Eisner Health, una red de centros de salud comunitarios que atienden a pacientes con bajos ingresos en el sur de California, dicen los miembros del personal. Katie Tell, vicepresidenta de desarrollo y comunicaciones de Eisner, señaló que los pacientes a veces toman decisiones insostenibles por miedo a las consecuencias de la inmigración.
"¿Se inscriben o van a lo seguro y no reciben la atención que necesitan? Si tenemos menos personas en Medi-Cal, podría desestabilizar las clínicas de la comunidad", dijo.
Pero el personal de Eisner Health informa de que las pacientes temen cada vez más solicitar las prestaciones. Dicen que varias mujeres que recibieron Medi-Cal para pagar la atención prenatal y el parto han llamado recientemente insistiendo en reembolsar a la clínica de su bolsillo los servicios prestados. Otras pacientes se han negado a inscribirse en el Medi-Cal para sus hijos, que tienen derecho al programa.
Hoy en día, los proveedores de atención médica predicen resultados similares, que dicen que revertirían algunos de los progresos que California ha hecho en el fortalecimiento de su red de seguridad de atención médica. La Ley de Asistencia Asequible incluyó una importante expansión de Medi-Cal que añadió casi cuatro millones de personas a sus listas y redujo la tasa de no asegurados a la mitad, del 17% al 8,5% entre 2013 y 2015. Muchos californianos que antes no tenían seguro y que, en el pasado, habían recurrido a costosos servicios de urgencias, pudieron acceder a una atención primaria y preventiva más rentable. Clínicas como Eisner ampliaron y aumentaron sus servicios, pero Carmela Castellano García, CEO de la Asociación de Atención Primaria de California, dice que la desafiliación de Medi-Cal podría significar que algunas clínicas tendrían que recortar programas.
El Departamento de Seguridad Nacional está legalmente obligado a considerar los comentarios públicos durante 60 días en la redacción de su norma final, sin embargo, la FCC ignoró ese requisito el año pasado al desechar las normas de neutralidad de la red, alegando que sólo consideraba los comentarios que introducían nuevos hechos o presentaban argumentos jurídicos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha anunciado su intención de cambiar la forma en que los jueces de inmigración aplican la regla de la carga pública, con el fin de alinearse con la propuesta del DHS.
